La campaña del gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal se ha convertido en una de discriminación contra los latinos. Los agentes federales estadounidenses están deteniendo a personas de piel morena y en sus redadas han atrapado tanto a ciudadanos estadounidenses como a migrantes legales. Ahora algunos latinos temen hablar español o escuchar música en español en público. Algunos han dejado de ir a misa y se quedan en casa los domingos o piden a sus amigos que recojan a sus hijos de la escuela. Los ciudadanos estadounidenses viven con miedo de un gobierno que ha jurado proteger sus libertades y mantenerlos a salvo.
Tienen motivos para temer. En el bombardeo antinmigración del presidente Trump, los agentes federales han violado de manera reiterada las libertades civiles y han humillado a personas. Agentes enmascarados han roto ventanillas de automóviles y han sacado a conductores mientras había niños sollozando en los asientos traseros. En Chicago, en plena noche, agentes con rifles irrumpieron en un edificio de apartamentos, derribaron puertas y sacaron a personas esposadas de sus casas. Decenas de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses. En todo el país, los funcionarios migratorios han detenido a más de 170 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 20 retenidos durante más de 24 horas sin poder hacer una llamada telefónica, según reportó ProPublica.
Estas acciones están debilitando la confianza pública necesaria para la aplicación efectiva de las leyes migratorias del país. El comportamiento de los agentes federales está provocando una reacción de indignación en muchas de las comunidades a las que Trump afirma que intenta ayudar. Si todo esto pretende transmitir una sensación de ley y orden renovados, no está funcionando.
Como es usual, Trump ha identificado un problema real —la migración ilegal— pero ha respondido con una solución destructiva. Durante décadas, Estados Unidos toleró un nivel de migración ilegal que provocó una sensación de anarquía en la frontera y llegó a frustrar a muchos estadounidenses, incluidos muchos latinos. Las medidas permisivas del gobierno de Joe Biden empeoraron la situación, lo que hizo posible el registro del mayor aumento de la migración de la historia de Estados Unidos, con la mayoría de las llegadas sin permiso legal para entrar en el país. Trump hizo campaña con la promesa de revertir esas políticas, y tiene un mandato electoral para hacerlo. En la frontera, ha logrado reducir las entradas ilegales a los niveles más bajos en décadas.
Sin embargo, no tiene el mandato para tratar con crueldad a las personas ni para infringir la ley. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueban su gestión del problema. El país no necesita elegir entre el caos del abordaje de Biden y el caos del de Trump. La mejor solución sigue siendo una ley integral que haga que la frontera sea segura, disuada de futuras entradas ilegales, amplíe la migración legal y proporcione una vía hacia la ciudadanía a los migrantes no autorizados que han hecho su vida en Estados Unidos y que, por lo demás, son miembros de la sociedad y personas respetuosas de la ley. A falta de eso —y el Congreso no da señales de aprobar una ley así—, Trump puede abordar la migración ilegal de maneras más humanas y eficaces. Este país necesita hacer cumplir sus leyes sin aterrorizar a estadounidenses inocentes ni abandonar sus valores.
De los muchos problemas que plantean las políticas migratorias de Trump, destacan dos temas: la brutalidad hacia los migrantes que están aquí de manera ilegal y la injusticia hacia los ciudadanos y los migrantes legales.
A menudo, las personas que entraron de manera ilegal en este país lo hicieron corriendo un gran riesgo para sí mismas, buscando una vida mejor en Estados Unidos. Violaron la ley, sí, pero la respuesta debe ser proporcional a sus delitos. Debería ser firme y humana. En cambio, el gobierno de Trump se ha regodeado en la severidad. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas enmascarados y vestidos de civil han perseguido y golpeado a personas en la calle. Los agentes han realizado redadas en viviendas y han destruido propiedades.
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